La dichosa financiación autonómica.

Es cierto que en la pasada legislatura, en periodo de flagrantes vacas gordas las reformas de los Estatutos de Autonomía fueron las estrellas del debate sobre el futuro del estado.

Aquel tiempo, como ahora, el fantasma del “España se rompe” se agitó, y la presumible preferencia del Gobierno por sus “territorios vivero” fue utilizada por los garantes de la unidad de España para coaccionar el amor entre españoles. Esta legislatura el constante perfeccionamiento de la España de las autonomías ha necesitado la modificación de su sistema de financiación, o mejor dicho, del sistema de transferencias del estado hacia ellas.

El modelo actual de financiación autonómica data de 1999, cuando se hicieron una serie de transferencias de competencias a muchas Comunidades Autónomas, como la Sanidad y la Educación. Como dichas transferencias necesitaban también inyección de dinero, se acordó un sistema de financiación que es el que se ha usado hasta ahora.

En este sistema actual existe lo que se llama nivelación, es decir, que las Comunidades más ricas transfieren parte del dinero a las más pobres. Es algo así como el “IRPF” autonómico: las Comunidades ricas pagan más impuestos.

En esta actual modificación en debate se ha optado por un sistema de reparto más similar al alemán, que garantiza que “un land” que aporta, nunca recibirá menos dinero del que recibe otro territorio que aporta al estado mucho menos.

Pero la reforma no queda ahí. Llevado por numerosos comentarios que pude escuchar ayer noche en radios diversas, me he abandonado a las fauces del documento de unas 80 páginas y he llegado a la conclusión de que puede ser el documento final, desde el lado positivo de la palabra.

La cantidad de variables que se han introducido y la equidad del sistema matemático, nos lleva, a mí y a mi optimismo a pensar que este documento puede ser el definitivo. El que rija las transferencias estado-autonomías por un tiempo importante.

Desde luego y para evitar caer en las demagogias propias y en las ajenamente forzadas, os recomiendo la lectura.

Creo que es una muy buena forma de empezar a comprender el nacionalismo periférico, y de paso a respetarlo.

Priva... privatizando.

Los madrileños, de nacimiento, de adopción y sobre todo de voto, tenemos lo que merecemos, aunque pronto, cada vez más cerca podría decirse que no tenemos lo que merecemos, que no deja de ser lo que votamos.

Estos días de vuelta a la actividad regular, tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón como su archi adversaria política Esperanza Aguirre, han decido comenzar una estresante carrera privatizadora del patrimonio de los madrileños.

Era la semana pasada cuando Esperanza anunció el sacar a bolsa el 49% del capital social del Canal de Isabel II, como ya venía rumoreándose mucho tiempo, con el fin de que la compre o bien Aguas de Barcelona, que por mercado es la empresa que puede permitirse el negocio, o bien amigos de la familia... puestos a pensar mal, más o menos, como la funeraria pública de Madrid, que ahora da pingües beneficios y hará unos años fue vendida por 100 pesetas a amigos de Alvarez del Manzano.

Es ahora cuando Alberto, que comenzó criticando la carrera de la privatización baraja la posibilidad de privatizar la gestión del alumbrado público de la capital durante dos décadas.

Es lo que tienen las obras faraónicas con escasos plazos temporales y sin una buena previsión económica, (M-30 = 4.000 millones de euros). Ahora en tiempos de crisis, las entidades locales y autonómicas también tienen que refinanciar su deuda y es ahí donde empiezan los problemas y donde servicios públicos básicos se van a poner en manos privadas a no mucho tardar, a precios de ganga, siendo no más que pan para hoy y carencia de servicios de calidad para los ciudadanos mañana.

La pena, es que estos instrumentos del liberalismo en servicios públicos básicos no son, ni mucho menos, patrimonio de la derecha, (aunque ciertamente son ellos los que lo explotan con mayor profusión) dirigentes de otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares y Asturias, de signo político contrario, han establecido un procedimiento similar a fin de costear sus nuevos hospitales. Error. Error mayúsculo el poner los servicios públicos básicos en manos privadas.

La sanidad pública madrileña ya está en manos privadas en un grandísimo porcentaje, eso es simplemente espeluznante, pero no tiene mucha solución ya. Es curioso que, según afirmaba el diario Público la semana pasada, el anuncio de presentación del pliego de condiciones de los hospitales de Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel, comenzase del siguiente modo:

"Conozca las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas particulares del nuevo Plan de Infraestructuras y aproveche las oportunidades de negocio para su empresa".
Negocio y sanidad, peligroso cóctel.

Me pregunto cada día más habitualmente ¿dónde estará la oposición de la capital?