La dichosa financiación autonómica.

Es cierto que en la pasada legislatura, en periodo de flagrantes vacas gordas las reformas de los Estatutos de Autonomía fueron las estrellas del debate sobre el futuro del estado.

Aquel tiempo, como ahora, el fantasma del “España se rompe” se agitó, y la presumible preferencia del Gobierno por sus “territorios vivero” fue utilizada por los garantes de la unidad de España para coaccionar el amor entre españoles. Esta legislatura el constante perfeccionamiento de la España de las autonomías ha necesitado la modificación de su sistema de financiación, o mejor dicho, del sistema de transferencias del estado hacia ellas.

El modelo actual de financiación autonómica data de 1999, cuando se hicieron una serie de transferencias de competencias a muchas Comunidades Autónomas, como la Sanidad y la Educación. Como dichas transferencias necesitaban también inyección de dinero, se acordó un sistema de financiación que es el que se ha usado hasta ahora.

En este sistema actual existe lo que se llama nivelación, es decir, que las Comunidades más ricas transfieren parte del dinero a las más pobres. Es algo así como el “IRPF” autonómico: las Comunidades ricas pagan más impuestos.

En esta actual modificación en debate se ha optado por un sistema de reparto más similar al alemán, que garantiza que “un land” que aporta, nunca recibirá menos dinero del que recibe otro territorio que aporta al estado mucho menos.

Pero la reforma no queda ahí. Llevado por numerosos comentarios que pude escuchar ayer noche en radios diversas, me he abandonado a las fauces del documento de unas 80 páginas y he llegado a la conclusión de que puede ser el documento final, desde el lado positivo de la palabra.

La cantidad de variables que se han introducido y la equidad del sistema matemático, nos lleva, a mí y a mi optimismo a pensar que este documento puede ser el definitivo. El que rija las transferencias estado-autonomías por un tiempo importante.

Desde luego y para evitar caer en las demagogias propias y en las ajenamente forzadas, os recomiendo la lectura.

Creo que es una muy buena forma de empezar a comprender el nacionalismo periférico, y de paso a respetarlo.

Os han “pillao” con el carrito del “helao”.

El “España se rompe” no es aplicable ahora a una serie de noticias que fuentes no excesivamente lejanas al PP están propagando. A mi me parece que se anda más cercano al “la confianza del PP en el sistema democrático se rompe”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la fiscalía han abierto investigaciones, a petición de PSOE y de IU, ya que sospechan que podría haber hasta veintitrés casos de supuesto ‘inflado’ de los censos electorales en diversos municipios.

Los partidos de izquierda, propulsores de las denuncias, aseguran que en algunos casos concejales, y hasta alcaldes del PP de varios de estos municipios han empadronado en sus propios domicilios, y en solares y viviendas en ruinas a familiares y amigos foráneos. La verdad es que es un caso que quien más o quien menos conoce de cerca. En muchos pueblos de España se tira de familiares y amigos para que un pariente cercano salga de alcalde, no es mi caso dada mi escasa familia, pero sí sé que es una práctica habitual.

Lo curioso y preocupante a la vez, comienza a ser cuando en vez de lazos parentales, es el secretario de organización del partido el que provoca este comportamiento.

Sonado es el escándalo de militantes del PP de Melilla que reclamaban 500 papeletas en las oficinas de Correos para ejercer el derecho a voto a distancia. A éste se le suman las presuntas acusaciones en las que se asegura que el presidente provincial del PP y de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha urdido una trama de empadronamiento masivo para asegurarse la elección de varios diputados provinciales y garantizarse así su permanencia en el próximo Gobierno de la institución provincial después del 27 de mayo.

Afortunadamente la Guardia Civil ha recibido la orden de investigar los casos de supuesto fraude en el censo electoral en más de una decena de municipios, de momento, de la provincia de Castellón y también en alguno de Valencia.

Valencia, Melilla, Alicante, Castellón, Tamayo… ¿hay alguien que ha perdido la fe en la decisión del pueblo? Curioso, curioso.

Ahora voy a hacerme eco de la más vil de las manipulaciones de las voluntades. Según cuenta la Cadena Ser (ese nido de rojos, revolucionarios y ácratas), una pensionista que recibe ayuda domiciliaria del Ayuntamiento de Melilla ha denunciado que la asistenta social le pidió el carné de identidad para votar por ella al PP en las próximas elecciones municipales. Macabro, torticero y obsceno.

El sistema, por encima de la unidad de España, de la liberación de terroristas y de banderas y escudos, se sustenta en el respeto a la democracia, al sufragio universal. Ése que a las clases menos favorecidas tanto nos costó conseguir. Si se pierde ese respeto y se empieza a comprar voluntades como eje de la política de un partido mayoritario empezamos a estar en peligro. Grave peligro.

Lejos de reflexiones partidistas, me preocupa muchísimo que los “pucherazos” puedan convertirse en algo habitual, no es propio de una democracia tan joven y tan luchada como la nuestra. Pásalo.