Sé que no es ni mucho menos una noticia de portada, de hecho no lo ha sido en la última semana cuando hay cosas que en realidad son más importantes como la masacre en Gaza, el enésimo bombardeo norteamericano en Irak, o el ébola que amenaza con convertirse en una plaga sin control.
Pero no quiero dejar pasar la noticia de la nueva ley del Gobierno, que basada en una directiva europea, exige a las bibliotecas, sea cual sea su propiedad, públicas o privadas, el pago de un canon a las sociedades de gestión de derechos de autor. Estas noticias que son carne de verano, que no hacen ruido y que ni siquiera valen para rellenar unos minutos de telediario aprovechando que la mitad de la redacción está en playas varias.
Es cierto que la cultura y la propiedad intelectual como parte de ella es un bien a proteger y a subvencionar como se ha hecho durante toda la historia en sus distintas versiones del mecenazgo, pero me temo que hay algo más allá de todo esto.
Si miramos alrededor, en nuestras ciudades ya poco queda público. Los que te recogen las basuras o la limpieza de las calles son contratas, los transportes públicos están a veces privatizados o concedidos, las piscinas municipales, la gestión de los parquímetros… y en la búsqueda del afán privatizador, que no es otro que el del lucro a costa de bienes que se han construido y mantenido con el dinero de todos, quedaban por ahí una cosa llamada bibliotecas públicas…
Supongo que las convocatorias para la gestión de las bibliotecas municipales están al caer. Ahora ya puede justificarse por el canon que los ayuntamientos no pueden mantener las bibliotecas y que se necesita una empresa privada que gestione más eficazmente la biblioteca…
Que una biblioteca, un lugar de préstamo para los que no quieren o no pueden comprar un libro, es decir la más social de la cultura, tenga que pagar por los derechos de los libros que se ofrecen me parece un sin sentido. Eso sin duda irá en detrimento de la calidad y la cantidad de las nuevas adquisiciones y del servicio en general.
Aun así, espero que los herederos de Aristóteles aprovechen el buen pellizco que les va a caer, y que sea un gasto que los ayuntamientos puedan asumir… antes de asesinar bibliotecarios públicos.
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