Es muy probable que algún rato de tus vacaciones lo hayas pasado o lo estés pasando en algún punto de la costa patria, y no sé cuáles son exactamente tus preferencias, pero si la masificación, el barullo y mirar desde el agua a la costa y ver zonas macrourbanizadas, vertidos de aguas residuales incontroladas e industrias agresivas a pie de costa es tu pasión, no estarás de acuerdo con este post.
El 29 de mayo entró en vigor la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la anterior Ley de Costas de 1988. Es curioso cómo en un sistema político en el que lo que gusta es la reforma y la contrarreforma según hay alternancia en el poder, la Ley de Costas vigente, lo estaba desde hace 25 años.
Aun así y en pleno siglo XXI donde debiéramos haber aprendido a mirar hacia la conservación del entorno y hacia el crecimiento sostenible, la reforma de una ley de Costas de hace más de dos décadas de vigencia gira hacía la destrucción del litoral y hacia el esquilme de todos los recursos cercanos a la mar, tanto en el medio terrestre como en el acuático.
Si bien, la intención de la anterior legislación era la de garantizar la protección ambiental y el uso público de la costa, ciertamente con un éxito más que discutible, ahora, sin embargo, se favorecen los intereses privados en detrimento del bien público. De un modo más concreto pueden señalarse éstas tres como las medidas más agresivas que la nueva ley aporta: modificación de la definición del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones de explotación de industrias altamente contaminantes en zonas costeras, hasta los 75 años.
Es más que curioso echar una ojeada al muy visual y completo informe 'Destrucción a Toda Costa' (DTC) de 2013 de Greenpeace, en el que se analiza, por Comunidad Autónoma, la ocupación urbanística de los primeros 500 metros de costa en el litoral español entre los años 1987 y 2005. Más que curioso y aterrador.
Ahora la pelota, está en el tejado de las administraciones públicas locales, a las que quiero animar y desear, que en base al amor que le profesen a sus propias costas sean capaces de preservar más su costa que el Gobierno central y sean ellos, los que se conviertan en “rebeldes” a esta ley y mantengan sus entornos marítimos, lo que no ha sabido y lo que ha puesto en un riesgo brutal una irresponsable ley de Costas realizada desde la búsqueda de la productividad cortoplacista y la ideología liberal medioambiental muy mal entendida. Brindis al sol.
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